El Supremo respalda el estudio de la OCU sobre que notarios y registradores llevan años cobrando 93 millones euros/año a consumidores, «de más».

Una sentencia del Tribunal Supremo respalda la conclusión del estudio de la OCU sobre los aranceles de notarios y registradores en la cancelación de hipotecas. Según la organización «llevan años cobrando de más». «Pedimos al Ministerio de Justicia que se devuelva a los consumidores unas cantidades que podrían superar los 93 millones de euros al año», señala la asociación. La OCU hace poco más de un año, en septiembre de 2011, comprobó mediante un estudio de minutas que un gran número de notarios y registradores cobraban de más a la hora de cancelar hipotecas. «Según nuestras estimaciones, en solo un año los cobros indebidos podían sobrepasar los 93 millones de euros». «Ante estos escandalosos resultados, no podíamos quedarnos de brazos cruzados y denunciamos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección de lo Civil) y ante el Ministerio de Justicia. Pedíamos que se devolviese a los consumidores las cantidades cobradas de más».

Debido a la gravedad de los hechos denunciados, en noviembre de 2011 el Gobierno del PSOE aprobó un Real Decreto que modificaba los aranceles de notarios y registradores para la cancelación de hipotecas. «Este decreto pretendía aclarar, de una vez por todas, una rebaja en las tarifas legislada en 2007, pero el Consejo General del Notariado intentó impedir la aplicación de la rebaja arancelaria recurriendo ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nos da la razón», señala OCU.

Ahora la sala tercera del Supremo ha desestimado el recurso. Además, en su sentencia (con fecha de 10 de octubre) el Supremo ratifica nuestra interpretación de la Ley 41/2007 y, por lo tanto, avala nuestro estudio y sus conclusiones: notarios y registradores han estado cobrando de más a los consumidores. «Una vez más, no podemos quedarnos de brazos cruzados y pedimos al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de los Registros y del Notariado que se dirijan a notarios y registradores para revisar de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007. Una vez revisadas, tendrán que devolver a los clientes todas aquellas cantidades cobradas de más.

«También queremos recordar que en mayo de 2012 el Gobierno del PP cedió a la presión de notarios y registradores, subiendo los aranceles para novación, subrogación y cancelación de hipotecas. Ahora los consumidores tienen que pagar el triple de lo que se pagaba antes. Por desgracia, esta reforma deja sin efecto la sentencia del Supremo para las operaciones realizadas desde el 12 de mayo de 2012. ¿Estás seguro de que pagaste lo justo la última vez que fuiste al notario o al registrador?» concluye la organización de consumidores

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