La OCU se felicita por la multa de 60 millones de euros que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a las principales compañías eléctricas españolas por la obstaculización del cambio de suministrador en la liberalización para todos los usuarios del 1 de julio de 2009. La OCU, que se personó en este expediente para asegurarse de la salvaguardia de los intereses de los consumidores domésticos, considera esta resolución como una prueba más del funcionamiento anticompetitivo del mercado eléctrico en España. La OCU anima a la CNC a que continúe por la senda de la aplicación estricta de las normas de competencia en un sector que, como hemos denunciado repetidamente, no funciona de forma suficientemente competitiva, impidiendo a los consumidores disfrutar de los supuestos beneficios en términos de precio y calidad que la liberalización hubiera debido producir. Por otra parte, la OCU considera que en ausencia de unos mercados con las suficientes garantías de competencia, el Gobierno no puede suprimir la Tarifa de Último Recurso (TUR), que es la única barrera que aún protege a los consumidores frente a un mercado que no funciona de forma competitiva, como pone de manifiesto esta sanción. Por ello la OCU ha iniciado una campaña contra la supresión de la TUR y en contra de la subida de tarifas eléctricas, que hasta el momento ha recabado la adhesión de más de 90.000 consumidores. Por ello mantiene activa en su página web www.ocu.org esta campaña a la que invita a sumarse a todos los consumidores.
Por su parte FACUA también ha mostrado su satisfacción por la sanción a las eléctricas y pide más controles al oligopolio. para Facua, » Prácticas como las sancionadas ponen de manifiesto que es necesario mantener una tarifa fijada por el Gobierno para el conjunto de consumidores domésticos.
FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción por las sanciones por un total 61,2 millones de euros impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a las cinco principales empresas eléctricas y a su patronal, Unesa, por haber obstaculizado el cambio de comercializador en el mercado libre y tratado de fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición del anterior modelo de tarifas reguladas». «Estas prácticas ponen de manifiesto que es necesario un mayor control sobre el oligopolio energético y que el Gobierno siga estableciendo una tarifa, actualmente denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), en lugar de eliminarla o restringirla a muchos menos consumidores, como parecen ser sus planes. Sin tarifa fijada por el Ejecutivo para el conjunto de usuarios domésticos, señala la asociación, la situación sería similar a las de sectores como el de las gasolinas o las telecomunicaciones, donde no existe competencia entre las grandes compañías y los precios son desproporcionados. FACUA recuerda que hay abiertas más investigaciones de la CNC a las eléctricas por otras irregularidades. En julio de 2009, la asociación denunció el traspaso de cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras a compañías del mercado libre en lugar de a las que aplican la Tarifa de Último Recurso y bono social fijados por el Gobierno. Ante las crecientes irregularidades que se producen en el sector, FACUA demanda a las distintas administraciones competentes que realicen un control exhaustivo sobre las prácticas de las empresas energéticas en lo que se refiere a sus precios, ofertas publicitarias, servicios de atención al cliente y el tratamiento de las solicitudes de cambio de compañías, así como el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa vigente.
