El Tribunal de Cuentas destapa la alcantarilla, abre diligencias y pide la modificación de la Ley de financiación de RTVE, tras la falta de control en contrataciones con productoras (2010 y 2011)

El Tribunal de Cuentas abrirá diligencias preliminares sobre la gestión de RTVE en 2010 y 2011 por sus «irregularidades en materia de contratación, por pagos indebidos en retribuciones de personal, contrataciones con productoras y deficiencias o falta de justificación de gastos». Ramón Álvarez de Miranda, Presidente del Tribunal explicó en su informe de fiscalización de la Corporación de RTVE y sus sociedades, entre 2010 y 2011, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), «irregularidades» en la política retributiva a algunos directivos de TVE e «importantes incumplimientos de la legislación vigente» en contratación de personal temporal. También falta de control sobre los contratos con productoras externas en el mismo periodo, por lo que recomendó al Gobierno la modificación de la Ley de financiación de RTVE. El presidente del Tribunal de Cuentas recomendó modificar la Ley de Financiación de RTVE de 2009 para incentivar la obtención de ingresos comerciales.

Álvarez de Miranda denunció pagos al personal directivo en concepto de retribuciones variables, pese a no llegar al cumplimiento de los objetivos en 2010 que no se molestaron en determinar en 2011. Además hubo indemnizaciones por ceses de 26 directivos «muy superiores» a la normativa laboral vigente. «Se abonaron complementos incompatibles o de importe superior al previsto en la normativa, así como en abono de dietas». Además hubo contratación de personal no incluido en el Banco de Datos del Convenio Colectivo; «concatenaciones» de contratos eventuales y contratos por obra, además de contrataciones que excedieron de la duración máxima legal y contrataciones irregulares de alguna corresponsalía, adquisición de un inmueble en el centro de RTVE de Salamanca y la renuncia, cesión y simultánea adquisición de un inmueble en el centro de RTVE de Valladolid. También gastos sin factura y gratificaciones abonadas sin su adecuada autorización.

Álvarez de Miranda expuso que se incumplió el límite máximo de plantilla con 6.410 empleados en 2010 y 6.517 trabajadores a finales de 2011, frente a los 6.400 aprobados, mientras hubo «graves incumplimientos» en adquisición de derechos de autor en contratos suscritos por TVE y RNE con la SGAE. Asimismo recomendó modificar la Ley de Financiación de RTVE de 2009 para incentivar la obtención de ingresos comerciales, con los límites legislativos, que no procedan de la publicidad o la televenta en cualquiera de sus fórmulas.

Lejos de toda autocrítica, el portavoz del PSOE en el Congreso en la materia, Juan Luis Gordo, resaltó -según él- que este informe ponía de manifiesto no sólo la solvencia del actual modelo de financiación, sino también la «mejora de la gestión» en relación con los anteriores informes de fiscalización de los años 1996 a 19999, y 2002-2004 (legislaturas ‘populares’). Para Gordo los ejercicios 2010 y 2011, en un sentido estrictamente contable, «presentan superávit en el presupuesto de explotación», al mismo tiempo que una solvencia técnica y jurídica que «está avalada por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el modelo de financiación de la radio televisión pública francesa, modelo sobre el que se sustenta el español».

Para Álvarez de Miranda la gestión de RTVE «no es una sorpresa» ya que lleva «más de 15 años dando problemas» en los programas de producción interna y externa, aunque reconoció algunas mejoras por el cambio de los modelos, y explicó al portavoz socialista que «no es inusitada» la celeridad con la que se ha hecho este informe, porque «no hay ninguno que esté retrasado, ni se ha trabajado más rápido que en otros asuntos».

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