Para OCU muchos de los portales de transparencia de las administraciones públicas españolas adolecen de falta de homogeneidad y sus datos están desactualizados. Consciente de la importancia de los portales de transparencia como herramientas para conocer el destino de los recursos públicos, OCU acaba de concluir un estudio en el que se han analizado los distintos portales existentes en las diferentes administraciones públicas españolas. El estudio íntegro se publica en la revista OCU Compra Maestra del mes de mayo.
Para llevar a cabo este estudio OCU se ha centrado en cinco aspectos destacados por organizaciones como Transparencia Internacional como cruciales para obtener una información adecuada, como son los datos relativos a patrimonio de las administraciones y salarios y declaraciones de bienes de cargos electos, asesores y personal administrativo, actividad de los órganos administrativos, contratos realizados, presupuestos y facilidad de navegación de cada portal. Como se señala por parte de OCU, para que los portales de transparencia sean útiles debe tratarse de páginas web bien organizadas, de fácil navegación y posibilidades de búsqueda, además de no utilizar terminologías incomprensibles para el común de los ciudadanos.
En el caso de la administración central, el estudio destaca que aunque se cumple de manera suficiente a la hora de dar datos sobre salarios y patrimonio y la navegabilidad no es del todo mala, no ocurre lo mismo en cuanto al resto de criterios, siendo preocupante la complejidad en el diseño de las secciones relativas a los contratos o al presupuesto, lo que hace muy difícil obtener información útil en estas materias.
Las diputaciones provinciales tampoco destacan en materia de transparencia. En una parte importante de los portales analizados se ha podido detectar una buena estructura, con contenidos bien organizados, salvo casos como los de Huesca o Ciudad Real; mientras que diputaciones como las de Málaga o Alicante muestran resultados muy pobres en el capítulo relativo a la información sobre los contratos que suscriben. En el lado contrario están las diputaciones de A Coruña o Burgos, cuyos portales de transparencia, sin ser excelentes, sobresalen por la calidad de los datos que ofrecen y por su navegabilidad.
En el nivel autonómico, seis de las comunidades analizadas no alcanzan aún los mínimos establecidos la Ley de Transparencia, siendo los portales de la Junta de Castilla La Mancha y la Junta de Extremadura los que logran la peor puntuación de las 17 autonomías por su poca navegabilidad y la pobreza de los datos en materia de salarios o contratos. Por el contrario la Región de Murcia cuenta con un portal de transparencia merecedor de las más altas puntuaciones en todos los ámbitos analizados, seguido de cerca por el portal de transparencia puesto en marcha por el Principado de Asturias.
Finalmente, en el ámbito local el estudio muestra que muy pocos ayuntamientos cuentan con portales de transparencia que sobresalgan a la media, destacando el caso de Bilbao como referente en cuanto a la calidad de su portal. El defecto más acusado en el caso de los ayuntamientos es la ausencia de buscadores de contratos en el 59% de los casos analizados, siendo únicamente Bilbao, Palma, Santander, Valladolid y Zaragoza los consistorios que disponen de una herramienta en condiciones para localizar un contrato. Además en un 76% de los portales analizados se ha detectado desactualización en los datos ofrecidos, siendo especialmente grave el caso del ayuntamiento de Oviedo, sin datos sobre sueldo y patrimonio de los cargos electos, una muy mala información en materia de presupuestos y una sección sobre contratos de muy difícil manejo.
Esta situación claramente mejorable es la que lleva a OCU a pedir una mayor homogeneidad en los contenidos de los portales de transparencia, con criterios y formas de exponer los datos que sean comunes, y un mínimo de calidad y actualidad en los datos publicados y en las respuestas que se ofrecen a los ciudadanos que acceden a estas herramientas en busca de información. Además de ello la Organización de Consumidores y Usuarios insta a los legisladores a poner en marcha una mejora de la Ley de Transparencia de 2013 con el fin de adaptarla a normas más avanzadas existentes en muchas comunidades autónomas.
