La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide al Gobierno que rectifique en su intento de acabar con la copa privada

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha mostrado su satisfacción con el informe elaborado por el Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la actual normativa sobre propiedad intelectual, que avala muchas las críticas de la propia AUC o el Consejo de Consumidores y Usuarios. Para AUC, y a la luz de lo que ha podido filtrarse a la opinión pública, el Consejo de Estado advierte de la necesidad de adecuar la normativa española al actual marco europeo y a las modificaciones previstas en materia de propiedad intelectual; critica la utilización de conceptos confusos en relación a la copia privada y a las descargas ilegales, y muestra su oposición al hecho de que muchos aspectos clave de la regulación proyectada queden fuera de la Ley a la espera de posteriores desarrollos reglamentarios.

En su informe, el Consejo destaca la falta de recursos previstos para que los órganos competentes puedan ejercer eficazmente su labor contra la vulneración de derechos en este ámbito, y pide aclaraciones en multitud de aspectos, como la armonización de las sanciones previstas en la Ley de Propiedad intelectual y la Ley de Servicios de la Sociedad de la información, o la delimitación clara de funciones entre la Comisión de Propiedad Intelectual y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En el ámbito de la copia privada, el Consejo de Estado se hace eco del carácter restrictivo de la nueva regulación que el Gobierno viene diseñando en esta legislatura; recoge la evidencia de que esta nueva regulación no busca en realidad adecuarse a la jurisprudencia de la UE, y destaca que, de aprobarse tal y como se contempla en el Anteproyecto de Ley, por un lado se condena a la ilegalidad a muchos ciudadanos por prácticas de copia privada que ahora se consideran perfectamente lícitas y, por otro, se escamotea a los titulares de derechos (creadores, productores, ejecutantes) la compensación equitativa que les corresponde por la reproducción no autorizada de las obras.

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