La AUC, Asociación de Usuarios de la Comunicación pide al Gobierno que contemple la vuelta «limitada» de la publicidad a TVE y claridad sobre futuro de los 9 canales de TDT ¿Nuevo concurso o cierre?

La AUC, ya denunció en su momento el modelo instaurado en 2009, que eliminaba la publicidad de TVE mediante un gravamen a las televisiones privadas y a operadores de telecomunicaciones. Para la asociación, se han cumplido las «consecuencias negativas del modelo que no han hecho sino confirmarse con el tiempo y ponen de relieve sus efectos perversos, que los propios inventores del modelo, los franceses, han tenido que revisar». Para la AUC, por un lado, el que las cadenas privadas paguen parte del coste de la televisión pública da que pensar en la posible presión de aquéllas sobre las parrillas de TVE, especialmente de La 1. Un sistema absurdo que hace que, «las cadenas están pagando para que la televisión pública compita con ellas a través de programas que perfectamente podrían emitir Antena 3 o Telecinco, con el consiguiente desperdicio de GRPs que no se traducen en retorno publicitario».

Y todo en un escenario cada vez más cierto de que la aportación de las «telecos» será impugnada a nivel europeo tanto en España como en Francia, con grave situación para los ingresos de ente y la más que posible devolución de las cantidades aportadas, con un efecto perverso: el único tipo de comunicación comercial permitido en TVE, el «patrocinio cultural», se utiliza con un criterio cada vez más extendido aunque no es suficiente señala el Presidente de la Corporación a El Programa de la Publicidad y ante el Congreso.

«Y habría que preguntarse si no sería más realista redefinir la presencia publicitaria en televisión que mirar para otro lado ante determinadas prácticas que rozan el fraude de ley», señala la AUC. Aunque la vuelta limitada de la publicidad «no es el ‘Bálsamo de Fierabrás’, «además de aportar recursos para el mantenimiento de TVE, supondría una mayor independencia económica, que redundaría, además, en un reforzamiento de sus principales señas de identidad: la desgubernamentalización, el pluralismo y la participación social».

Una vez conocida la decisión del Gobierno de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el reparto de la TDT, que ha declarado nula la asignación en julio de 2010 de un canal múltiplex digital a los entonces concesionarios del servicio público de televisión analógica (Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, Net TV y La Sexta), AUC pide claridad al Gobierno para saber realmente qué futuro le espera al mantenimiento y desarrollo de la televisión digital terrestre.
Básicamente, dicha sentencia viene a señalar que la Ley General de la Comunicación Audiovisual permitía transformar esas antiguas concesiones de la etapa analógica en licencias para la nueva

TDT, pero estas licencias debían ajustarse exclusivamente al “contenido concesional existente a la entrada en vigor de la Ley”, de modo que los canales adicionales que también se repartieron entre estas televisiones en realidad deberían haber salido a concurso público. AUC no entra a discutir el fundamento de la sentencia sobre la vigencia de unas u otras normas en el momento del reparto, ni tampoco a valorar si lo que se ha producido es una mera sustitución técnica de un canal analógico por un múltiplex digital que ocupa el mismo espectro radioeléctrico, o por el contrario una apropiación ilegítima de dicho espectro. Pero sí destaca que la consecuencia directa de la decisión del Supremo va a ser la desaparición de canales que en la actualidad forman parte de la oferta en abierto a la pueden acceder los espectadores de modo gratuito, sin que nada asegure que vuelvan a ponerse en marcha tras un futuro concurso. Por el contrario, cabe la posibilidad, según la Asociación, de que lo que esté en marcha sea una operación para el cierre definitivo de esos canales.

AUC recuerda que los ciudadanos han hecho un importante esfuerzo económico para adaptarse a la implantación de la TDT. Ahora se pretende, además, que vuelvan a realizar un nuevo desembolso para los cambios de antenización que requiera la reubicación de canales consecuencia del llamado “dividendo digital”, a pesar de que ese coste iba a ser cubierto inicialmente con lo pagado por los operadores de telefonía en la subasta del espectro radioeléctrico. Y todo ello con la promesa de acceder, como señalaba la propia legislación, “a un mayor número de canales y, en consecuencia, a un mayor número de programas y servicios de mejor calidad”, que les permitiría “participar activamente de los logros de la sociedad de la información, asegurando la preservación del pluralismo y la formación de una opinión pública libre”. Un objetivo que no ha llegado a cumplirse satisfactoriamente en este tiempo, pero que ahora queda aún más lejos de logarse.

La Asociación señala, finalmente, que Los ciudadanos tienen derecho a saber si la confluencia de la sentencia del Supremo y del dividendo digital afectará a las posibilidades de oferta televisiva gratuita para los ciudadanos, que es precisamente la señal de identidad de la TDT, así como al futuro del 3D, de los servicios interactivos y, muy especialmente, de la alta definición, para la que muchos hogares se han equipado y que supone una de las principales demandas de los ciudadanos, junto con la mejora en la calidad de los contenidos. AUC señala que el llamado dividendo digital podría aprovecharse para reducir el número de canales a los que los ciudadanos acceden la actualidad de modo gratuito. Ello afecta a la futura existencia de una oferta televisiva universal y gratuita, así como al desarrollo de la alta definición.

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